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Mujeres Sordas en Puerto Rico y su victimización secundaria

Por: Lcda. Adamarys Feliciano Matos

En Puerto Rico se desconoce cuantas mujeres Sordas viven en la isla.  Durante la pasada década se ha estado hablando de una cifra de hombres y mujeres entre los 80,000 y 200,00 Sordos.  A pesar de ser un número considerable de puertorriqueños, el Gobierno no ha establecido una política pública con respecto a la Comunidad Sorda tampoco ha realizado esfuerzos en miras a mejorar su calidad de vida.  La falta de servicios educativos, de salud, de protección a víctimas y acceso a la justicia incide negativamente en la calidad de vida de las mujeres Sordas promoviendo más violencia.  Aprobar unas cuantas leyes que luego no se implementan, no es una solución. 

Las Sordas han sufrido por muchos años una victimización secundaria por el hecho de ser mujeres y Sordas.  En las agencias gubernamentales no hay personal capacitado en el lenguaje de señas y la cultura de las Sordas.  Una víctima Sorda de violencia de género no recibe ayudas o busca apoyo pero se desiste de una acción legal y a reclamar debidamente sus derechos por desconocimiento.  No se tienen datos sobre incidentes y querellas de violencia de género o delitos de violencia sexual dentro de la Comunidad Sorda.  La escasez de programas de ayuda, protección, albergue y representación legal dirigidos a víctimas Sordas, el no contar con profesionales expertos en el tema y capacitados para atenderles considerando sus necesidades de lenguaje son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan a diario. Esto ocurre también en otras áreas como son educación, salud, familia, etc.  

En el 2016 la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo en el Senado realizó un estudio sobre el lenguaje de señas puertorriqueño y auscultar sobre la situación actual de las certificaciones para Interpretes de Lenguaje de Señas.  Como parte de su informe final recomendó,  entre otras cosas, realizar un censo formal para conocer la cantidad de Sordos que viven en Puerto Rico, crear la Junta Examinadora para Intérpretes de Lenguaje de Señas,  identificar la calidad de los servicios de salud, educativos y mecánicos existentes para el ciudadano con dificultad auditiva, así como, para los padres de niños sordos recién diagnosticados y añadir al ofrecimiento curricular del DEPR el lenguaje de señas como una alternativa de comunicación.

Aproximadamente tres años más tarde, no se han recolectado datos, el Estado permanece sin implementar política pública, no se ha regulado la profesión de la interpretación de Lenguaje de Señas, nuestras mujeres Sordas continúan desprovistas.  La prestación de servicios de interpretación en las agencias gubernamentales es baja sino nula.  Mientras tanto, la Comunidad Sorda carece del conocimiento adecuado para exigir sus derechos y no existe una organización que les asista y provea la información necesaria.  

El Estado continúa sin tomar acción.  Hasta el momento solo se ha considerado la recomendación de la Comisión en el Senado sobre incluir el lenguaje de señas como una alternativa en el ofrecimiento académico del Departamento de Educación.  La Ley Núm. 56-2018 así lo establece, sin embargo, aún no ha sido incluido en el ofrecimiento académico.  Esto no atiende el problema de falta de servicios.

Lo que muchas personas desconocen es que tanto leyes federales y estatales como la American with Disabilities Act of 1990 (PL 101-336), la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, la Ley Núm. 80 de 9 de junio de 2002, la Ley Núm. 121 de 8 de agosto de 2002 protegen a las personas con impedimento y la Sordera está clasificada como un impedimento.  En Puerto Rico se han aprobado leyes dirigidas a la Comunidad Sorda, entre ellas la Ley Núm. 136-1996 para obligar a las agencias del gobierno a proveer intérpretes de lenguaje de señas a las personas Sordas que no se pueden comunicar oralmente y la Ley Núm. 174-2018 en donde se enmendaron las Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Procedimiento Criminal, Reglas para Asuntos de Menores y Reglas de Evidencia.  Esta última se aprobó con el fin de viabilizar el acceso de la Comunidad Sorda a la Justicia al proveer un intérprete de lenguaje de señas e incluir un récord visual para los casos en donde una persona Sorda es parte o testigo.  No obstante, la Ley Núm. 136-1996 no se ha implementado.  A más de 20 años de su aprobación, las mujeres Sordas no han tenido acceso a intérpretes de lenguaje de señas en las agencias gubernamentales.

El Gobierno no ha tomado cartas en el asunto, entonces ¿qué podemos hacer?  A las niñas Sordas y sus madres, a las mujeres Sordas adultas y a nuestras Sordas de la edad de oro, les hemos fallado. ¿Cuántas han tenido que permanecer en relaciones tóxicas porque no tienen más alternativas? ¿Cuántos agresores sexuales sin procesar por el único hecho de que eres una víctima Sorda? No podemos continuar haciéndonos de la vista larga ante el sufrimiento de nuestras mujeres Sordas.  Yo, he decidido ser para ellas. Yo, me comprometo a ser apoyo y a proveerles la información que necesitan, yo estoy lista para representarlas y ayudarlas, ¿y tú?.

La autora es abogada, madre de un niño Sordo, directora de la Fundación Ezekiel con K, organización que provee servicios a la Comunidad Sorda puertorriqueña.

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